Salta dispone de un recurso solar abundante. Sin embargo, aprovecharlo de manera justa exige responder una pregunta adicional: ¿en qué territorios una intervención puede producir mayores beneficios y, al mismo tiempo, atender necesidades sociales más urgentes?

Para abordar ese desafío, Ileana Gimena Cruz, Rodrigo Javier Durán y Miguel Ángel Condorí desarrollaron el Índice de Prioridad de Justicia Energética, denominado EJPI por sus siglas en inglés. La herramienta permite identificar áreas prioritarias para inversiones residenciales destinadas al calentamiento solar de agua.

El trabajo fue publicado en la revista científica Sustainable Energy Technologies and Assessments. Su principal aporte es combinar, en una misma lectura territorial, información técnica, económica, ambiental y social. De este modo, la decisión no se limita a ubicar los lugares con mejor radiación solar.

Tres preguntas para definir prioridades

El índice reúne tres dimensiones. Cada una responde a una pregunta diferente:

• Factibilidad técnica: ¿qué proporción de la demanda de agua caliente puede cubrir la energía solar en cada territorio?
• Beneficios socioambientales: ¿qué ahorro económico y qué reducción de emisiones de dióxido de carbono puede generar el reemplazo de las fuentes de energía utilizadas por los hogares?
• Necesidad social: ¿qué nivel de vulnerabilidad energética presentan los hogares, considerando pobreza energética, precariedad habitacional y factores demográficos?

Estas dimensiones se integran mediante un modelo multiplicativo y no compensatorio. En términos sencillos, un valor alto en una dimensión no puede ocultar un valor bajo en otra. Para alcanzar la máxima prioridad, un radio censal debe presentar simultáneamente buenas condiciones técnicas, beneficios relevantes y una necesidad social elevada.

El dato central: una prioridad muy concentrada

El análisis también identificó una asociación positiva fuerte entre la vulnerabilidad y los beneficios potenciales del calentamiento solar de agua (ρ = 0,808; p < 0,001). Esto significa que, en el conjunto estudiado, los territorios con mayores condiciones de vulnerabilidad tienden a ser también aquellos donde la intervención puede producir mayores beneficios.

Además, las áreas prioritarias mostraron una concentración espacial estadísticamente significativa (I de Moran = 0,452; p < 0,001). Este patrón indica que las prioridades no aparecen distribuidas al azar, sino agrupadas territorialmente, una información relevante para planificar políticas focalizadas.

Una herramienta para una transición más equitativa

Los resultados muestran que una estrategia uniforme no necesariamente conduce a una transición justa. El EJPI ofrece una base de evidencia para diferenciar territorios y orientar recursos hacia los lugares donde la tecnología es viable, genera beneficios y responde a situaciones de mayor vulnerabilidad.

La metodología fue aplicada a todos los radios censales de Salta y puede reproducirse en otros territorios que dispongan de información técnica y socioeconómica. Su aporte consiste en transformar distintos tipos de datos en una herramienta de apoyo para la planificación espacial de inversiones en energía renovable.

Así, la pregunta deja de ser únicamente cuánto calentamiento solar de agua puede instalarse. El estudio propone sumar otra dimensión decisiva: dónde esa inversión puede contribuir de forma más directa a reducir desigualdades energéticas.

Autores y publicación

El artículo fue realizado por Ileana Gimena Cruz, Rodrigo Javier Durán y Miguel Ángel Condorí, integrantes de líneas de investigación vinculadas con justicia energética, planificación territorial y aplicaciones solares del INENCO (CONICET–UNSa).